El 'Libro Verde' que propone un plan de acción para una alimentación sostenible y justa
La Fundación Carasso ha publicado el Libro Verde para un sistema alimentario más sostenible, coordinado por Torremocha Bouchet, con el objetivo de definir políticas públicas concretas que favorezcan una alimentación sostenible. Esta nueva publicación da continuidad al Libro Blanco de la Alimentación Sostenible en España (2022) y busca convertir la reflexión en acción política.
Libro Verde para un sistema alimentario más sostenible pone el foco en tres pilares fundamentales: la producción agraria, la pesquera y la cadena de valor. Sin embargo, su meta última es garantizar el acceso universal a una alimentación saludable y sostenible. Para ello, propone hojas de ruta precisas para cuatro medidas políticas clave que pueden aplicarse de inmediato.
Siguiendo la metodología del Libro Blanco, este documento ha sido elaborado a través de un proceso colectivo, en el que han participado expertos con perfiles diversos y complementarios. Agricultores, ganaderos y pescadores han contribuido con su experiencia directa, mientras que entidades sociales, ONG, profesionales del sector y académicos han aportado su visión técnica y ambiental. Además, cada propuesta ha sido revisada por representantes de la administración pública, asegurando su viabilidad y alineación con las necesidades de las políticas locales, autonómicas y estatales.
Varios investigadores del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC han participado en la elaboración del Libro Verde. Tomás García Azcárate forma parte del comité editorial, mientras que Daniel López y Javier Sanz han contribuido como autores. Su experiencia ha sido clave para abordar los retos de sostenibilidad del sistema alimentario desde una perspectiva científica y aplicada.
Los debates y discusiones desarrollados en estas dos primeras etapas (Libro Blanco y Libro Verde) han permitido extraer una primera conclusión clara: las líneas de trabajo han ido convergiendo en torno a un tema central, el derecho a la alimentación sana y sostenible. El reconocimiento y la materialización de este derecho no solo deben traducirse en una política de Estado, sino en la construcción de una sociedad más justa, capaz de habitar en equilibrio con el planeta.
